LA CONSTITUCIÓN DE SAN NICOLÁS ASESINADA. Por Gabriel Peris Fernández.

06.12.2014 09:31

                

                Los españoles volvemos a estar a vueltas con el tema de la Constitución, que parecía casi superado no hace tanto. Nada es eterno en este mundo de fugacidades.

                En 1975 teníamos los españoles un muerto muy vivo y una esperanza de vida. Algunos opinaban que no estábamos abocados a una guerra civil, y defendieron que cediendo todos un poco podíamos ganar todos. Aquello se llamó el consenso. A los extremistas nunca les ha gustado, cosa muy natural.

                De aquí provino la Constitución de 1978, que no gustó por completo a nadie, pero que gustó a los realistas, a los que pensaban con razón que una Constitución no era un programa de gobierno partidista, una carta a los Reyes Magos, sino una transacción razonada y razonable.

                Se quiso conciliar la monarquía con la democracia, el liberalismo con los derechos sociales de los trabajadores, y la unidad con las autonomías territoriales. El fracaso del 23-F disipó no pocas dudas. Nuestra Constitución era posible.

                El éxito de una Constitución radica no tanto en su letra, sino en su espíritu y en su aplicación. Contentar a todos es muy complicado, y a veces se ha logrado dando un trozo del pastel a cada uno de los grupos.

                El rey careció de los poderes del tardofranquismo, pero pudo negociar con gran libertad en materias económicas y diplomáticas. Su caricatura fue su augusta hija y su egregio esposo. La jefatura monárquica del Estado pende del ejemplo más que de la necesidad orgánica.

                Se dispuso un Senado que ni ha sido de notabilidades ni de representación territorial auténtica. Sólo una ballena varada en la arena a la que los niños le han sacado la lengua.

                El Congreso de los Diputados acogió el debate público en una sociedad que con el paso del tiempo ha perdido el placer por el debate sosegado. Los diputados son mandatarios de sus partidos, sin voz original, y los tribunos de la plebe gastan retórica de ocasión en los medios de comunicación.

                La justicia oficialmente separada ha sido subordinada a las conveniencias de esos mismos partidos, que quizá convenga llamar facciones. Han invadido del tribunal a la caja de ahorros. Han aumentado sus seguidores so capa de gentes de confianza.

                Las autonomías han servido para engrosar el caciquismo, también visible a escala municipal, y han creado algo increíble: una Cataluña antiespañola. La unidad y la reconciliación territorial son hoy ideales casi imposibles.

                Los dos grandes partidos blasonan de respeto a la Constitución y de homenajear el consenso, pero lo han socavado todo. En cuanto a los más menudos no parecen muy capaces de coger el toro por los cuernos pese a verbalismos fáciles.

                La Constitución quizá haya sido asesinada por acción, comisión y omisión. La ciudadanía, algo más que una masa de gentes, es su huérfana, que reclama la protección de una ley de leyes que nos haga sentir libres.

                Quizá se imponga reformar la Constitución, pero no para dar satisfacción a quienes no quieren una Constitución española. Antes que se emprendiera tal acción convendría dilucidar si catalanes y vascos forman parte del pueblo español a través de un referéndum en todo el territorio del Estado. Todos aquellos que se reconozcan después como ciudadanos españoles tendrían que ser consultados sobre los siguientes puntos:

                -La naturaleza de la jefatura del Estado.

                -La pervivencia del Senado.

                -El tipo de Congreso de los Diputados más a propósito para una democracia más auténtica.

                -La democratización de la vida partidista y sindical.

                -La independencia efectiva de la justicia.

                -El mantenimiento del sistema autonómico.

                -La reforma de los organismos provinciales y municipales.

                -El control verdadero de las cuentas públicas.

                -La garantía de un servicio público integrado por un cuerpo de funcionarios competente.

                -La aplicación efectiva de los derechos sociales en materia de vivienda, trabajo, educación y                               sanidad.

                -Los mecanismos de cumplimiento auténtico de la ley.

                Esta carta a los Reyes Magos (o a San Nicolás) quizá se cumpliera con una ciudadanía despierta,                 pero sin la herencia de 1978 nunca se logrará. Titánica tarea la de gobernar un país.