23.04.2024 11:41
La autoridad real parecía en jaque en la Castilla de finales de 1520. Los comuneros se habían alzado con el poder en muchas villas y ciudades al norte del Sistema Central, extendían su causa en los reinos de Toledo y Murcia, amenazaban los dominios señoriales de los caballeros y grandes que seguían la voz del monarca, y habían establecido la Santa Junta como autoridad alternativa a la de los gobernadores del rey Carlos, entonces ausente de sus reinos hispanos.
Los gobernadores no se mostraban capaces de atajar todo aquello, sugiriéndose una forma de actuación y de gobierno más eficaz. Se debería nombrar un nuevo consejo, en el que tomaran asiento los letrados de las chancillerías. Las rentas regias se depositarían en el alcázar de Carmona, a cargo de los contadores de hacienda. Con una Andalucía bética, reino de Granada y provincias de los maestrazgos en paz con los gobernadores, se apercibiría militarmente a sus gentes, al ser tierras de buenos infantes y jinetes. Se pondría en pie una fuerza de ochocientos a mil hombres, cuya infantería se armaría en algunos casos en Flandes, dados los problemas de Vizcaya y Guipúzcoa. Se disponía, en cambio, de buena artillería en la plaza de Málaga y en las galeras reales.
Esta combinación de armas y administración letrada trataba de ganar la confianza de una alta aristocracia alarmada por el giro social de las Comunidades. Todo dependía que el rey actuara con presteza ante lo que algunos consideraban el sojuzgamiento de Castilla por la Santa Junta.
Fuentes.
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA.
Osuna, C. 1635, D. 198-209.
