09.04.2021 12:52
Organizar un Estado, organizar un ejército.
La guerra de Sucesión puso a prueba la capacidad de organización de los borbónicos y los austracistas en los frentes españoles. Tanto unos como otros recurrieron a las milicias municipales y a las tropas de sus aliados, pero también acometieron la renovación de sus fuerzas regulares españolas.
Necesitado de reformas tras un atribulado siglo XVII, el ejército regular fue remodelado por los secretarios de Felipe V. las quintas se impusieron en Castilla, y en los últimos años de la guerra pudieron alinear los borbónicos una importante fuerza militar en Cataluña, el gran baluarte del austracismo.
Sin embargo, mantenerlo fue igualmente costoso, especialmente cuando las gentes se encontraban extenuadas tras muchas apreturas. El absolutismo impuso notables cambios, que llevaron al establecimiento de un nuevo Estado fiscal-militar. Durante años se ha discutido sobre el carácter modernizador de la Nueva Planta en Cataluña o sobre su entronque con la tradición institucional castellana o francesa. Lo cierto es que la experiencia de Tarragona demuestra que hubo mucho de tanteo, aplicando en la medida de lo posible fórmulas de otros territorios, como el corregimiento. En todo caso se pretendió afirmar la autoridad real.
El final de la guerra de Sucesión en tierras catalanas.
En el verano de 1713, Felipe V estaba decidido a acabar con toda oposición en Cataluña, aprovechando la retirada de las tropas aliadas del archiduque Carlos de Austria. La situación se planteó de forma acuciante en Tarragona. A 9 de julio de aquel año, las tropas borbónicas exigieron la obediencia de las autoridades de Cambrils. Pretendían que el 15 capitulara Tarragona o Barcelona.
La Ciudad Condal prosiguió la resistencia, pero desde Tarragona se sondearon las posibilidades de rendición ante el marqués de Lede, que el 16 exigió la salida de todos los forasteros antes de entrar oficialmente en la ciudad. Los años de guerra habían pasado una dura cuenta a las gentes de Tarragona, y el 20 el de Lede fue acatado por un consistorio municipal con muchas ausencias.
Los tarraconenses tuvieron que contribuir al mantenimiento del ejército borbónico en Cataluña, de 123 batallones y 103 escuadrones en orden de combate contra Barcelona. Se les impuso el pago del llamado cuartel de invierno.
La dura postguerra.
Con la toma de Barcelona no concluyeron, ni de lejos, las exigencias. En octubre de 1714, el duque de Berwick pasó por Tarragona, hospedándose en el palacio de arzobispo, y sus oficiales no cejaron de solicitar más dinero.
La recaudación del donativo de 10.000 libras dio muchos quebraderos de cabeza, y el 20 de octubre se recurrió a las rentas de las carnicerías, la fleca u horno municipal y las vendimias. Seis días después se pudo pagar el primer plazo de 2.500 libras, pero para satisfacer lo restante se impuso un tall o tasa entre los naturales, habitantes y posesores de la ciudad y su término. Se elaboró una planta o modelo de la misma, consistente en el pago de una libra por cada cien de patrimonio particular.
No fue suficiente, y el 25 de noviembre se pidió que se rebajara la suma exigida a 7.000 libras. La administración militar se mostró inflexible, ordenándose el 10 de enero de 1715 la entrega de las sumas de dinero a los ayudantes de los regimientos Palencia y Valladolid.
Una hacienda municipal exhausta.
El 25 de enero de 1715 se hizo un balance del estado de las cuentas municipales de Tarragona. La Taula de Canvi o banca municipal se encontraba contra las cuerdas. En el mismo, se empleó todavía la libra catalana, valorada en dos reales y medio de a ocho de Castilla.
Sus ingresos, sobre el papel, alcanzaban las 11.582 libras, de las que 1.200 se encontraban pendientes de cobro. El clavario o administrador municipal contaba con una reserva de 4.700 libras en la caja, a la que se añadían otras partidas. Las más cuantiosas eran las procedentes de las carnicerías, ascendiendo la venta del producto de 490 carneros a 2.940 libras y a 1.092 la de 280 ovejas. A este punto fuerte de las finanzas municipales se sumaban las 850 de la Caja de los Electos, 550 de distintos censos y 250 de la Taula de Canvi. El horno o fleca no registró aquel año ningún ingreso.
Con tales sumas de dinero se tuvieron que atender gastos por valor de 32.000 libras, necesitándose entonces un mínimo de 24.960 libras más, pues los impagos a los ganaderos no se habían cuantificado debidamente. Las exigencias militares eran severas, ya que la imposición del cuartel de invierno de 1713 ascendía a 9.800 libras y a 7.360 más el de 1714. También se pidió leña por valor de 3.300 libras y aceite por 2.200. Si el gasto medio de la hacienda tarraconense rondaba las 7.000 libras, los imperativos militares lo incrementaron notablemente. Por otra parte, otros pagos que debieron atenderse fueron los destinados a la guarnición de Barcelona, de 900 libras; los del funeral de la reina María Luisa, de 800; los de las candelas de la catedral, de 300; y los de la redención de carneros, por otros 300.
Los sacrificados contribuyentes.
Se realizó una valoración fiscal de las casas del vecindario tarraconense. De las 800 que se señalaron para tributar, se conceptuaron 150 de primera categoría, 350 de segunda y 300 de tercera. Por varios motivos, se descartaron otras 441 casas.
En aquel año de 1715, pagaron el impuesto del mig tall unos 916 contribuyentes, estimándose el número completo de tales en la ciudad, su puerto y la localidad subordinada de Pallaresos en 957.
La situación era angustiosa, quejándose el 26 de enero de 1715 al superintendente Patiño los cónsules tarraconenses que algunas veguerías catalanas habían pagado el cuartel en cuatro plazos. Tributar se hacía complicado, hasta tal punto que el arrendador del tall, el droguero Pere Figuerola, solicitó que los granaderos se alojaran en las casas de los morosos hasta que pagaran. Por otra parte, la intendencia no tuvo en cuenta las aportaciones de forraje y paja.
Más exigencias.
El 1 de marzo de 1715 Patiño anunció la nueva campaña para conquistar Mallorca a los austracistas, con una duración imprevisible. Con un espíritu que evocaba la Unión de Armas de Olivares, se insistió que los catalanes debían contribuir como Castilla con sus rentas provinciales.
El 13 de marzo se impuso el papel sellado, y cinco días más tarde se mandó un síndico a Tortosa a informarse de su aplicación. Para salir de semejante atolladero, se propusieron distintas medidas.
Y nuevos apaños.
Para pagar lo exigido, el municipio tarraconense propuso un pago quincenal de 2.563 libras. Se atendería con los ingresos de las carnicerías, que a duras penas alcanzaban las 560 libras, además de las 55 del molino y las 50 de la fleca.
Como tales arbitrios no bastaban, se recurrió a las gracias de los particulares por valor de 1.023 libras y a la imposición sobre la localidad de Constantí por otras 221. Tampoco resultó suficiente. Además, la administración real solamente dio por válidas 1.315 libras, considerándose defectuosas las restantes ofrecidas.
La necesidad de nuevas fórmulas impositivas.
En estas circunstancias, el ejército y la administración real carecían del dinero apetecido, y la imposición del gravamen del catastro resultó dolorosa. Su aplicación inicial resultó dolorosa, pues se recaudó con métodos punitivos sin tener en cuenta exenciones o el quebrantado estado de la población.
El 8 de mayo de 1716 se tasó la contribución catastral de Tarragona en 12.096 libras anuales. Nuevamente los ingresos de las carnicerías salieron al rescate, aportando el 10% de sus ganancias. En otras palabras, un impuesto directo se pagaba con gravámenes indirectos.
En vista de ello, el 25 de junio de 1717, las autoridades municipales solicitaron rebajar tal suma, al haberse incurrido a su criterio en un exceso de 646 libras por los jornales de las tierras, 2.233 por las casas y 2.605 por contribuciones personales. Las 6.612 libras resultantes equivaldrían al montante de un cuartel de invierno rebajado.
En 1717 se señalaron 730 casas de contribución, descartándose otras 8 en estado ruinoso, 63 del estamento eclesiástico y 300 que se encontraban ocupadas. Mientras en 1715, Tarragona contaba con un total reconocido de 1.241 casas, en 1717 descendió el número a 1.101. Sin embargo, se tuvieron presentes otras realidades en 1717. Contribuirían 472 cabezas de familia junto a 612 jornaleros, excluyéndose 172 pobres y mutilados (sintomática asociación), 124 estudiantes y 44 caballeros. Si en 1715 los contribuyentes eran 957, en 1717 ascendieron a 1.084. La carga se acrecentó sobre las personas.
Los cambios institucionales resultantes.
Entre aquellos dos años se afirmó el régimen de la Nueva Planta.
El 23 de abril de 1715 todavía se hizo la elección de cónsules municipales según lo establecido desde el siglo XVI, pero el 11 de noviembre ya impuso su nombramiento directo la junta de justicia y gobierno del Principado. El 19 de septiembre, el comandante de la plaza, el marqués de Lede, había exigido las contribuciones militares.
El 24 de marzo de 1717, finalmente, se expidió el título de corregidor y el 20 de julio tomó posesión en un nuevo ayuntamiento. La nueva realidad institucional había emergido de forma tortuosa, sin prescindir de los fondos locales.
Fuentes.
ARXIU HISTÒRIC DE TARRAGONA.
Acuerdos municipales de 1708 a 1717.
